La sociedad dominicana se encuentra hoy ante una gran oportunidad de avanzar de esas que se presentan muy pocas veces: convergen una crisis política detonada por los escándalos de corrupción fruto de los sobornos de la compañía constructora brasileña Odebrecht y una profunda crisis económica que impacta a los sectores populares y profesionales que han visto reducirse su poder adquisitivo por la carestía de la Canasta Básica, y que padecen la inseguridad y deficiencia en los servicios públicos.
Esta situación no se generó de la noche a la mañana ni por encanto: es un proceso acumulativo de frustraciones y descontento que se viene gestando desde hace meses y que encontró cauce común en la iniciativa de una figura pública a realizar una marcha nacional hacia Palacio, que terminó siendo programada para el domingo 22 de enero, inicialmente por por un puñado de organizaciones y ONGs radicadas en la capital dominicana, pero que terminó siendo asumida por todo el país político, esto es, por todas las organizaciones sociales y partidos políticos de oposición en el país, quienes movilizaron sus militancias y recursos para esa marcha, lo cual hizo de la misma la más contundente demostración de fuerza unidad en la oposición política dominicana.
La marcha fue una iniciativa espontánea, aunque asumida por toda la oposición política y la mayor parte de la oposición sistémica de la República Dominicana, ello explica la ausencia de objetivos claros y de una consigna impugnadora del poder político existente y movilizadora de los sectores populares que son quienes podrían, con su materializar esa impugnación con su movilización general y permanente, y dar al traste con ese poder político.
Esa primera fase espontánea de la lucha se entiende (aunque no se justifica, ya que es responsabililidad de las organizaciones políticas estudiar la realidad y prever lo que podría suceder en cada momento para actuar en consecuencia) por las circunstancias y características mismas de esa convocatoria a marcha, pero sería un craso error dejar la dirección de la lucha a la espontaneidad de las clases medias y a las organizaciones sociales y ONGs que la han dirigido hasta ahora, ello implicaría el riesgo de que esta gran oportunidad se diluya una simple catarsis social, en un desahogo colectivo sin ningún avance en la correlación de fuerzas, amén de que sumiría a la sociedad en el reflujo y el desencanto que tanto le han aportado a quienes nos gobiernan.
El otro peligro es apostar a un hipotético daño irreversible al oficialismo causado por esta marcha y que pudiese ser aprovechado por la oposición política en su conjunto o por alguno de los partidos que comprenden la misma para derrotarles por la vía electoral en el 2020. La experiencia de la lucha por el 4%E nos enseña, que pese a la gran simpatía con que contó esa lucha y los amplios niveles de movilización social que generó, varios meses después no impactó en el resultado de las elecciones del 16 de mayo del 2012, resultando ganador el candidato oficialista quien ya va por su segundo período consecutivo. A la luz de esa experiencia debemos convenir que es una apuesta muy arriesgada y improbable éxito.
Derrotar a quienes detentan el poder y sacarlos del gobierno es una cuestión de este momento, y podría ser posible en estos momentos. La oportunidad es hoy, ahora, y debe ser asumida con toda responsabilidad por las organizaciones políticas y sociales de la oposición.
Debemos organizar la más amplia y agresiva movilización popular impugnadora del poder existente, exigiendo su salida del poder con la lucha activa y levantando como consigna la reorganización del poder político por medio de una constituyente por elección popular que le de forma a la nueva sociedad que queremos.
El momento es ahora, sería imperdonable que desperdiciemos esta oportunidad con inventos y medidas superficiales.
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